Hacer sindicalismo radical significa hacer sindicalismo en profundidad. El sindicalismo que se olvida de qué y cómo se produce está condenado al inmediatismo y a quedar a corto plazo a merced de la empresa. Si no cuida que su producto sea un bien de utilidad para la sociedad y que el proceso productivo garantice la viabilidad de la empresa, si deja que ésta se descapitalice, que fraccione sus procesos de producción, que vaya externalizando sus fases etc., la empresa irá dirigiendo todas esas decisiones en la dirección de la debilidad de los trabajadores y del agrandamiento de su albedrío para que las decisiones sean tomadas exclusivamente en función de sus intereses, el incremento del beneficio, del que quedarán a merced los intereses de los trabajadores y sus propios puestos de trabajo.
Esto, que es de validez general para todo sindicalismo, lo es mucho más para la función pública y, de forma especial, para la sanidad, por tratarse de un bien de de interés público para toda la población.
Calidad asistencial y condiciones de trabajo
Siendo la salud un bien de primerísima necesidad, que desarrolla su actividad en terrenos tan serios como la vida (y la muerte) o la capacidad funcional y la autonomía de las personas, parece evidente que es un objetivo suficiente para que todas las partes que en esa actividad entran en juego se orienten a ese objetivo, incluido el sindicalismo. El derecho universal a la sanidad gratuita y de calidad, debe ser el objetivo preferente y orientador del sindicalismo a desarrollar en la sanidad pública.
Ese objetivo preferente y orientador en nada merma los contenidos sindicales, sino que les da un plus de sentido, también de exigencia. De exigencia, en cuanto que el compromiso -y compromiso más allá de lo profesional- de las trabajadoras y, por tanto, del sindicalismo con ese objetivo, es condición previa. De sentido, en la medida que su objetivo no son sólo los intereses de los trabajadores afectados, sino también los de la totalidad de la población. Y ambos son compatibles.
En el actual modelo de competitividad, arrasador de cualquier vestigio de calidad de vida, la defensa de las condiciones laborales es objetivo preferente de todo sindicalismo. En sanidad esa defensa está ligada a la calidad de vida de los y las trabajadoras, pero también a la calidad asistencial. No se trata sólo de trabajar menos o de hacerlo en mejores condiciones, sino de trabajar mejor. Esto es, la defensa de nuestras condiciones de trabajo no ha de rebaja nuestra exigencia de calidad.
Dentro de esas condiciones laborales un aspecto importante es la estabilidad en el puesto de trabajo. En la sanidad pública navarra hay un 45% de eventualidad, lo que es difícilmente compatible con un proyecto serio de empresa pública y con la calidad asistencial, pese a que buena parte del personal eventual aporta una profesionalidad y un interés personal encomiable y digno de reconocimiento. Recortar el alto porcentaje de eventualidad quizá exigirá que la plantilla fija tenga que ceder en alguna de sus prerrogativas, pero no tiene por qué empeorar la calidad en sus condiciones de trabajo (en todo caso mejora la de ese 45 % eventual), aunque exija un mayor esfuerzo organizativo. De todas formas, el elevado índice de eventualidad refleja un déficit importante tanto en la gestión empresarial como en el sindicalismo de nuestro sistema sanitario.
El carácter público
También nuestras condiciones de trabajo están ligadas al carácter de empresa pública, y ello en un doble sentido.
La empresa privada -aun la más noble, y cada vez es menos el caso- introduce siempre, como condicionante al objetivo que se propone, el del beneficio económico. Eso en el mejor de los casos, ya que lo normal es que ese sea el objetivo prioritario y el producto sólo el medio para alcanzarlo. Y esa mediación, si no priorización, del beneficio actúa siempre en contra de las condiciones de trabajo. También supedita el objetivo de la salud, y también eso es parte de nuestras condiciones de trabajo; ¿podría haber algún profesional sanitario que esté contento con sus condiciones laborales sabiendo que su trabajo es deficiente por condicionantes no sanitarios? No parece probable.
Es cierto que también vivimos de nuestro trabajo, pero, por muy bien que en el trabajo y del trabajo viviéramos, sería terriblemente frustrante que el mismo estuviera mermado por condicionantes no sanitarios. La calidad, no condicionada por intereses externos, que sólo puede garantizar un sistema público, es parte fundamental de nuestras condiciones sanitarias.
La sanidad pública en Navarra
La asistencia sanitaria en Navarra es buena y las tendencias privatizadoras tienen menos camino andado que en otros territorios. Pero no es menos cierto que cada vez hay más señales, de que la voluntad política de mantener esa asistencia sanitaria pública y de calidad es, por lo menos, insuficiente: las externalizaciones, el incremento de las concertaciones, los déficit organizativos, la misma eventualidad de la que hablábamos, la inversión insuficiente o el poco interés en la Atención Primaria son indicadores de que el futuro de un sistema sanitario público y de calidad, lejos de estar garantizado, tiene evidentes riesgos, ya que, siempre, el deterioro del sistema público es el paso previo a las propuestas privatizadoras.
Nuestros gestores políticos parecen entender la sanidad como un pesado lastre costoso e inasumible. Mientras se oye con cada vez más fuerza la palabra “co-pago”, se dedican a alentar los intereses de la industria farmacéutica, de las clínicas privadas como la CUN o de las aseguradores privadas, lo que nos lleva inexorablemente a una medicalización de nuestras vidas, al aumento de la dependencia de nuestra red pública, a discriminación por factores económicos y por condicionantes de nuestra salud (antecedentes, etc),... No es un juego.
El compromiso de los y las profesionales de la sanidad con el sistema público y de calidad pasa, naturalmente, por nuestra implicación en el trabajo, pero también por nuestra atención y nuestra toma de postura sobre otros factores de índole más general. No somos, por supuesto, los dueños del sistema sanitario público, pero sí tenemos una posición favorable que nos obliga a jugar un papel de puente respecto a la población, que ayude a ésta a su empoderamiento en el futuro de (esta vez sí) “su” sistema sanitario. Y esa exigencia tendría que explicitarse con más fuerza en las organizaciones sindicales.
Habría un último aspecto que nos interesaría destacar en esta declaración de intenciones, con la que CGT y Solidari nos presentamos en coalición a las elecciones sindicales en el Sistema Navarro de Salud-Osasunbidea. En una situación de paro creciente, cuya solución no va a resultar de un crecimiento económico -que no es probable ni deseable- la creación de empleo debemos impulsarla a través del reparto del trabajo. Poner el énfasis del aspecto reivindicativo del sindicalismo en la reducción de jornada, (en sus múltiples formas: jornada semanal, años sabáticos, jubilaciones más tempranas,...) y la generación de empleo equivalente, por encima de los aspectos salariales, nos parece central en la actual situación.
La defensa del sistema sanitario público, universal, participado y de calidad, la exigencia de unas condiciones laborales que, a la vez que atajen la precariedad y la discriminación dentro de la plantilla, favorezcan ese objetivo y el impulso a medidas de reparto del trabajo serán los ejes de nuestra actuación sindical si obtenemos representación en las próximas elecciones, las primeras para nuestro proyecto.