OPE,
Oferta Pública de Empleo, algo que escasea actualmente. La última
de relevancia, la de enfermería, cuyo examen de Oposición se
celebró en noviembre y dada la elevada cifra de aspirantes y la de
suspensos, nos hace reflexionar en torno al empleo público y el
sistema de valoración que se emplea. Partimos
de que ninguna fórmula en este sentido va a ser perfecta, pero
creemos que es positivo abrir el debate de cara a hacerla más justa.
El
personal sanitario se selecciona mediante convocatoria pública, a
través del sistema de Concurso-Oposición, en la que deben
prevalecer los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Pues
bien, en lo que se refiere a la igualdad, vemos realmente necesario
que además de indicar el temario que debe preparar el opositor,
también se especifique para el conjunto de aspirantes, la
bibliografía en la que se basa el tribunal para la formulación de
las preguntas, por extensa que sea. No es razonable ni se comprende
que se exijan al opositor referencias bibliográficas que sustenten
la argumentación a favor de la anulación de una pregunta y por el
contrario el tribunal una vez posicionado sobre la misma no señale
las suyas propias. Por otra parte, ¿se garantiza la igualdad cuando
el 50% de las plazas se reservan para la promoción interna?.
Si
de verdad queremos que el mérito tenga peso a la hora de seleccionar
al personal, creemos que lo justo sería que si un opositor aprueba
la oposición pero se queda sin plaza, este hecho debería ser
reconocido en el baremo del opositor para las sucesivas convocatorias
con la puntuación que se determine, puesto que ha demostrado con su
resultado capacidad suficiente.
Existe
cierto consenso respecto a que una prueba no siempre demuestra ni los
conocimientos ni las destrezas del aspirante, no reflejando, por lo
tanto, la aptitud profesional del examinado, de hecho los que no han
superado la prueba trabajan posteriormente como eventuales. Habría
que buscar otro sistema que no “suspenda” a quien no lo merece.
Por otra parte, reseñar que, a veces, por la demora excesiva en el
proceso se dan situaciones paradójicas e injustas que pueden llegar
a castigar a la persona aprobada con plaza que debe permanecer en
paro o en precario durante períodos largos.
Por
otra parte, dada la actual situación de paro y de recortes, habría
que tener en cuenta aspectos de justicia y reparto del trabajo, por
lo que creemos que deben ofertarse el mayor número de plazas
vacantes, estructurales o de cualquier otro tipo en las que se
desarrolla una actividad por plantilla eventual.
Por
último no queremos dejar pasar por alto las sospechas sobre un
posible afán recaudatorio detrás de cada OPE. Cada año vemos
incrementado el número de personas que se presentan a una oposición
paralelamente al aumento de las tasas por prueba (Evolución de las
tasas en las OPE de enfermería: 1998, 1000 ptas; 2003, 10/12 €;
2006, 10/12 €; 2008, 18 €; 2010, 41.60 €. Admitidos en 2008,
6220 x 41.60 = 258.752 euros). Cuando menos deberíamos saber qué
gastos supone la celebración de la prueba y qué se hace con el
dinero sobrante en caso de que así sea.
Valgan
estas reflexiones para ir definiendo, dentro del debate público, de
qué manera debemos proceder a la hora de gestionar el empleo público
con el fin de buscar la máxima calidad de los servicios públicos y
la mayor garantía al respeto de los derechos de las personas. En
breve deberíamos conocer la convocatoria para auxiliares de
enfermería, sería buen momento para empezar a cambiar algo.
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